¿Cuánto nos está costando esta crisis? Es una pregunta que es importante que nos hagamos. En España no hemos tenido que aportar dinero, dinero de los contribuyentes, a fondo perdido a ningún banco como sí han tenido que hacer otros países en Europa y en el mundo pero sí nos hemos visto afectados fuertemente por sus consecuencias. Se calcula que para finales de 2011 esta crisis habrá costado tres billones de euros, en forma de deuda pública, a la Unión Europea en su conjunto. Es decir, unos 6.000 euros por persona. Miles de pequeñas y medianas empresas, el tejido económico de nuestro país, no han podido resistir la crisis de liquidez que la crisis financiera provocó. Y no podemos olvidar que esta crisis ha provocado que sean ya 7 millones de europeos y europeas los que hayan perdido su trabajo cebándose especialmente en nuestro país con los trabajadores de la construcción.

¿Podemos permanecer callados ante esta realidad? ¿Debemos seguir reverenciando los intereses del neoliberalismo económico que nos trajo hasta aquí? Creo que no. No podemos olvidar, no debemos, que esta crisis tuvo su origen en la codicia de unos pocos que defendían un mercado libre, poco o nada regulado y sin mecanismos de transparencia y control. De aquellos mismos que jugaban a enriquecerse en el casino de la especulación financiera con los ahorros de todos sin compartir sus ganancias con nadie. Este debate no es nuevo. Tampoco lo es para los socialistas. Recuerdo bien el debate de marzo de 2002 cuando personalmente defendía en el Congreso de los Diputados una iniciativa previa a la Conferencia internacional de financiación para el desarrollo que organizada por las Naciones Unidas junto con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, contemplase la puesta en marcha de instrumentos que favoreciesen una nueva arquitectura financiera internacional, para que las potencialidades de la economía globalizada puedan ser puestas al servicio de una prosperidad generalizada y una reducción de las desigualdades, así como la posibilidad de establecer imposiciones sobre los movimientos especulativos de capital. Hace ocho años de este debate en el Congreso de los Diputados. No nos callamos entonces y no debemos hacerlo ahora.

Siempre he dicho y he defendido que el mayor riesgo de esta crisis económica es que pase sin que se hayan tomado las medidas necesarias para evitar que vuelva a producirse. Por ese motivo, hace un año insistía, insistíamos desde el partido, en la necesidad de la “demolición controlada” de los paraísos fiscales. Llegó la cumbre del G20 en el Reino Unido y la cuestión de los paraísos fiscales comenzó a ser abordada. Gracias a esta cumbre se dieron pasos muy significativos hacia su control y eliminación pero todavía queda camino por recorrer. Ahora, en poco más de dos meses, se va a celebrar una nueva cumbre del G20. Esta vez en Canadá. Y en esta ocasión debemos tratar sin demora dos cuestiones fundamentales: cómo vamos a incorporar a la solución de esta crisis a quienes la provocaron y qué mecanismos vamos a establecer para evitar la especulación financiera.

El pasado otoño, los líderes del G20 anticiparon la cuestión pidiéndole al Fondo Monetario Internacional que formulara una propuesta acerca de “cómo el sector financiero podría realizar una contribución justa y sustancial” a la carga que las operaciones de rescate y las consecuencias de sus acciones han impuesto sobre ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo.

Una de las soluciones estudiadas por el FMI es lo que podríamos llamar el “Peaje Financiero”. Una herramienta que merece ser estudiada no sólo para que el sector financiero asuma la responsabilidad que le corresponde sino también para limitar la especulación y avanzar hacia sistema financiero más justo y sostenible.

¿En qué consistiría este Peaje Financiero? Establecer un Peaje del 0,05% sobre todos los productos financieros podría generar 1 billón de euros cada año. Una cantidad que podría destinarse a hacer frente a los objetivos de la lucha contra el cambio climático y de erradicación de la pobreza extrema. Una cantidad que también permitiría ayudar a nuestras economías a recuperarse de la crisis, generar recursos con los que realizar inversiones y crear nuevos empleos. Recursos destinados a la investigación, al desarrollo y la innovación; a la producción y extensión de energías limpias, a fomentar la sociedad de la información y del conocimiento, a explorar las rutas económicas que nuevos canales como internet aguardan a los países que estén dispuestos a navegarlas.

Debatir sobre esta cuestión es oportuno. En Estados Unidos no sólo hay un debate sino una reforma de su sistema financiero bajo la idea de que mantener las mismas reglas hace el sistema vulnerable. Es positivo iniciar un debate que encuentre las mejores maneras de hacer un poco más difícil las operaciones especulativas que no generan ningún valor social y por el contrario incentivar las dirigidas hacia la inversión productiva. Impulsar un Peaje Financiero a escala global no solamente es posible sino que es necesario.