En los últimos comentarios que me habéis enviado he observado que tenéis algunas dudas sobre la reforma de la Ley para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y creo que es importante que aclaremos las sombras que podáis encontrar en un tema tan relevante y riguroso como este. Es nuestra responsabilidad explicar claramente nuestra posición en este asunto.

Es importante comenzar recordando que estamos hablando de una Ley que entró en vigor hace ya 25 años y en este camino ha demostrado que tiene algunas carencias importantes. El tiempo ha demostrado que no garantiza la seguridad jurídica ni a las mujeres ni a los profesionales. Tampoco está garantizada la igualdad en el acceso y la calidad de esta prestación sanitaria, con diferencias intolerables entre unas comunidades y otras.

Ya en 1995 las Naciones Unidas declararon que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluyendo su salud sexual y reproductiva. Así, instaron a los países a reformar sus legislaciones para garantizar los derechos de las mujeres en este sentido.
El resto de países de Europa ya lo hicieron, centrándose en el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, al igual que de los hombres. La mayoría optaron por el mismo modelo que hoy se propone, un modelo mixto de ley de plazos e indicaciones.

El 37 Congreso del PSOE planteó la necesidad de responder esta demanda ciudadana, y el Gobierno decidió poner en marcha los mecanismos que permitan alcanzar el consenso necesario ante una Ley tan importante. Para ello, se constituyeron una Comisión de Expertos independientes y de prestigio profesional, y una Subcomisión Parlamentaria en la que participan los diferentes grupos políticos. De este modo hemos contado con la opinión de un número de voces representativas, plurales y acreditadas de nuestro país, sumadas al conocimiento y la experiencia de los expertos en la materia.

Lo que esta comisión de expertos nos ha dicho es que debemos legislar, al igual que los países vecinos de la UE, bajo el respeto de los Derechos Humanos de la mujer, incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Así, es la primera ocasión en que por fin, se primará el derecho a decidir de la mujer en condiciones seguras, médicamente adecuadas y sin consecuencias penales, sobre un embarazo no deseado.

Los plazos e indicaciones que proponen para la nueva Ley son: que exista consentimiento expreso de la mujer embarazada, que la prestación se lleve a cabo por un médico y en centro público, concertado o privado acreditado.

Además, se deberá entregar a la mujer toda la información relevante sobre ayudas públicas y cobertura sanitaria de la gestación y parto, derechos laborales a la maternidad, centros para la práctica de la intervención y su cobertura, aspectos de la intervención, métodos anticonceptivos, etc. y se establece un período de reflexión, de al menos tres días, antes de la llevar a cabo la interrupción.
Sólo en casos excepcionales, en los que exista grave peligro para la vida o la salud de la embarazada o se detecte graves anomalías en el feto, se permitiría interrumpir el embarazo hasta la semana 22 de gestación.

Sin perder de vista que estas son las recomendaciones de los expertos creo también que todas ellas, una vez explicadas, cuentan con mucho sentido común.

En relación al caso de las menores de 16 años hay que precisar que, actualmente pueden interrumpir un embarazo no deseado el con consentimiento de sus representantes legales. Lo que los expertos plantean es que la Ley de autonomía del paciente, establece que el consentimiento de un menor es relevante respecto de cualquier prestación sanitaria con tal de que comprenda el acto médico al que se somete y que ambos supuestos son incoherentes entre sí.

Explican que si a partir de los 16 años tienen responsabilidad penal, pueden casarse y tener hijos, se reconoce la plena libertad sexual de los menores a partir de los 13 años, edad en la que pueden consentir relaciones, deben poder decidir también si no siguen adelante con un embarazo no deseado.

Desde algunos sectores se pretende generar inquietud en este aspecto, especialmente desde el PP que aplica la moral para hablar de un Derecho fundamental y una prestación sanitaria.
A esas personas yo les preguntaría: ¿qué ocurre cuando los padres quieren someter a la hija a una IVE y ella no quiere? ¿También aquí seria irrelevante su consentimiento? Con la propuesta presentada no, ella es quien decide; Plantean que con 16 años una mujer es inmadura para afrontar un aborto y entonces, la pregunta es clara: ¿es inmadura entonces para interrumpir el embarazo pero no lo es para una responsabilidad tan grande como es ser madre?

También debemos considerar, según las opiniones de los expertos, que existen casos en los que la razón por la que la menor no quiere pedir consentimiento a sus progenitores no es solo por falta de confianza: es que no puede haberla porque viven en un entorno de violencia, en donde el propio embarazo es consecuencia de abusos por parte de familiares, educadores, compañeros de estudios o trabajo… precisamente lo que pretenden es mantener su intimidad, no exponerse ante quienes son responsables de su situación, incluso sus propios padres o tutores…

La propuesta que se ha presentado parte de que la IVE debe ser consentida por los padres, pero también se pretende que pueda ser consentida, como cualquier otra intervención, por jóvenes de 16 y 17 años en casos en los que ellas entiendan su alcance y así lo manifiesten. Algo que ya ocurre en Dinamarca, Francia, Reino Unido, Suecia, Holanda, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia o Eslovenia.
Espero haber podido aportar algo de luz sobre este tema, pues hablamos de algo mucho más serio que falsas moralinas. Se trata de Derechos Humanos, de dignidad como personas, de situaciones de indefensión de las mujeres. No podemos permitir demagogia sobre esto.

Va a comenzar por tanto un debate parlamentario que exige el máximo rigor y la máxima responsabilidad y el PP tendrá que retratarse un responder a algunas preguntas: ¿Están a favor o en contra de que las mujeres de este país no tengan que pagar penalmente por interrumpir voluntariamente su embarazo? , ¿están a favor o en contra de que los profesionales tengan seguridad jurídica suficiente para poder ejercer su profesión con todas las garantías?, ¿están a favor en contra de que España tenga una ley acorde con la mayoría de legislaciones europeas?

Como cada 8 de marzo, un año más, conmemoramos el día internacional de la mujer. Un día en el que debemos reflexionar sobre los avances y los retos pendientes en la lucha contra la desigualdad. Los y las socialistas siempre hemos defendido los derechos de las mujeres, y la lucha por alcanzar la igualdad real. Las mujeres de este país han cambiado la sociedad española en los últimos treinta años, y la sociedad española, en su conjunto, ha hecho un esfuerzo ímprobo por adaptarse a estos cambios. Las políticas de igualdad han sido, sin duda, el revulsivo que nos permitido hacerlo en tan poco tiempo.

Desde que llegamos al Gobierno de España en el año 2004, hemos contado con un Presidente valiente, que ha hecho de esta política una prioridad, dotándola de recursos y dándole el rango que merecía con un Ministerio de Igualdad, que este mes cumple su primer año. En definitiva, hemos puesto en la esfera de lo público los problemas a los que hacemos frente cada día las mujeres de nuestro país. Problemas en cuyo origen están las conductas machistas que aún perduran en nuestra cultura.

Por eso eran necesarias medidas históricas como la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad. Dos leyes que nos ponen a la cabeza de la lucha por la igualdad y de las que hoy podemos avanzar sus primeros resultados.

Desde ciertos sectores pretenden, de forma irresponsable, generar dudas sobre la efectividad de la nueva legislación, pudiendo llevar a la confusión. Pero…¿Recordáis cuando la paridad en altos cargos de la administración o de los consejos de administración de las empresas era tan sólo un anhelo?, ¿y cuándo hablábamos de la inserción al mercado laboral de la mujer? Hace apenas cinco años, la tasa de inserción laboral de la mujer se situaba en el 39%. Hoy supera el 51%.

Ayer mismo el Consejo de Ministros aprobaba un real decreto que va a permitir la titularidad compartida de las explotaciones agrarias a las mujeres (el 82% de las mujeres que viven en el mundo rural trabajan en el campo), lo que supone un avance en la igualdad real en términos de copropiedad, derechos de producción o beneficios en las cotizaciones de la seguridad social y que va mejorar la situación de unas 150.000 mujeres de este país.

Todavía quedan barreras muy importantes en el ámbito laboral como es la desigualdad salarial, o situaciones de discriminación por embarazo, por ejemplo, que se siguen produciendo en nuestro país. Pero con una diferencia. Hoy las mujeres españolas tenemos una ley que nos permite denunciarlo y nos ampara ante la vulneración de nuestros derechos. La diferencia, cuando una mujer sufre una discriminación laboral, es determinante.

Las mujeres llevamos muchos años reivindicando nuestros derechos y hoy comenzamos a ver resultados de la garantía legal de los mismos. Es ahora cuando existe, por ejemplo, un Plan de calidad del sistema nacional de sanidad que promueve que, algo tan sencillo como probar los efectos de un medicamento, no se realice sólo en hombres, sino también sobre las mujeres. Parece increíble que la única diferencia manifiesta y objetiva entre hombres y mujeres como es la biológica no hubiera sido tenida en cuenta suficientemente en campos como la medicina y la farmacología, ¿no os parece?

Es desde la aplicación de la Ley de Igualdad cuando los nuevos padres pueden disfrutar del permiso de paternidad, al que se han acogido ya el 80% de ellos, facilitando así la corresponsabilidad familiar desde los primeros días de la vida de un bebé.

Pero la voluntad política más firme, aquella a la que no renunciaremos nunca, ni escatimaremos recursos es la que significa luchar para erradicar de nuestras vidas la violencia de género. Hace apenas unos días se aprobó un nuevo fondo dotado con 5 millones de euros para ayudas destinadas a las víctimas de esta violencia machista. Se han puesto en marcha numerosos mecanismos para proteger a las mujeres que sufren esta violencia y que han permitido que se sientan más seguras y respaldadas para poder denunciar a sus agresores. En los últimos cinco años se ha incrementado en un 72% las denuncias interpuestas, y siete de cada diez agresores no habían sido denunciados previamente, lo que demuestra la efectividad progresiva de una Ley que está comenzando su andadura.

No obstante, no podemos resignarnos. Mientras exista una sola mujer que sufra la violencia de género, debemos seguir luchando. Hasta que los niños y niñas de nuestro país no crezcan y se eduquen en los valores de la igualdad, seguiremos trabajando para erradicar esta violencia. Es responsabilidad de todos conseguirlo.

Los derechos de las mujeres están reconocidos como Derechos Humanos por las Naciones Unidas y hoy tenemos un Gobierno que defiende esos derechos desde el Consejo de Ministros, hasta el último peldaño de la administración. Un gran ejemplo es el trabajo que se está desarrollando en estos días por reformar, de forma consensuada y de acuerdo con nuestra Constitución, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una ley que tiene ya 23 años y que debemos mejorar, teniendo en cuenta el derecho de la mujer a decidir, garantizando mejor la seguridad jurídica de mujeres y profesionales y la equidad territorial en el acceso a esta prestación sanitaria. Algo que ya en 1995 recomendó la ONU y que los países del resto de Europa abordaron hace años. Los socialistas vamos a abordar el debate parlamentario de esta ley desde el rigor y la responsabilidad, como siempre hemos hecho en esta materia, porque es lo que esperan la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Hoy debemos reflexionar sobre todas estas cuestiones y otras muchas. Sobre cómo podemos observar cambios importantes en nuestra vida cotidiana que marcan avances hacia la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres. Pero también debemos seguir trabajando para que las generaciones futuras encuentren una sociedad en la que las conductas machistas hayan desparecido por fin y hayamos alcanzado la madurez democrática que ello conlleva.

Feliz 8 de marzo de a todas