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El plan de los 8.000
Nunca antes fuimos tan conscientes de cómo una crisis, cuyo origen se encuentra fuera de nuestras fronteras y de nuestras latitudes ideológicas, era capaz de afectar a tantas economías y a tantos ciudadanos en el mundo. El Gobierno de Zapatero asumió su responsabilidad desde el primer día, poniendo en marcha medidas extraordinarias que facilitaran a las familias hacer frente a las dificultades económicas.
Hoy os hablo de políticas de acción ante la crisis tan importantes como la creación del Fondo de Inversión Pública Municipal, dotado con 8.000 M/€, el doble de inversión pública prevista por el total de los Ayuntamientos de España para 2009. Será gestionado por los Ayuntamientos, la administración que conoce de primera mano las dificultades por las que pasan sus vecinos y que puede actuar con agilidad y eficacia para ayudar a los ciudadanos.
Un Fondo al que se han presentado el 99’9% de los Ayuntamientos con un total de casi 31.000 proyectos. Proyectos que crearán 278.500 puestos de trabajo directos y 125.000 indirectos, lo que generará aproximadamente 400.000 nuevos empleos. Y algo importante, las personas que tengan que ser contratadas para realizar estos proyectos tendrán que ser personas en paro. Esta es la mayor inversión para las entidades locales en España y la gran acogida que ha tenido, supone un hito histórico en nuestro país. Ya se están empezando a adjudicar los fondos, y en apenas mes y medio empezarán las obras por todo el territorio, como por ejemplo en el ayuntamiento de Palma de Mallorca, que tiene 117 proyectos y creará 1405 puestos de trabajo.
Sinceramente, no entiendo la frivolidad de las declaraciones y el descontento de los dirigentes del PP sobre este asunto, ¿es por los 400.000 puestos de trabajo que se generarán? ¿o porque se rehabiliten los espacios públicos y se construyan infraestructuras y equipamientos de servicios básicos? Aunque no me sorprende, puesto que ya antes de que comprobáramos la gran acogida por parte de los Ayuntamientos, el PP se abstuvo en su aprobación en el Parlamento. Menos mal que los de cerca 3000 ayuntamientos gobernados por el PP no se abstuvieron a la hora de presentar los proyectos.
Educar en valores constitucionales no vulnera los derechos de nadie
El Tribunal Supremo ha decidido, por 22 votos a favor y 7 en contra, que no es posible acogerse al derecho a la objeción de conciencia para Educación para la Ciudadanía (EpC), confirmando así la obligatoriedad de esta asignatura. El pronunciamiento del TS unifica la jurisprudencia respecto a esta cuestión, que ha generado centenares de causas judiciales y sentencias dispares en los tribunales autonómicos. Aclarada por tanto la cuestión jurídica, es momento también de recordar con perspectiva y valorar políticamente lo ha que ha sucedido desde la aprobación de esta nueva asignatura.
Hace ya 3 años, cuando el Gobierno Socialista aprobó la LOE con el objetivo de mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, que el Partido Popular se deslizó por la peligrosa pendiente de la irresponsabilidad en un asunto tan serio como es la educación. En una estrategia absolutamente electoralista, el Partido Popular decidió llevar también la crispación política a las aulas de nuestro país, en su enésimo intento por desgastar al gobierno a cualquier precio, fomentando una división en la comunidad educativa en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía a través de una intolerable campaña de insumisión a esta asignatura.
Los dirigentes populares, con Mariano Rajoy a la cabeza lideraron “esta cruzada” contra el gobierno. Algunos gobiernos autonómicos del PP como los de Madrid, Murcia y Valencia decidieron abdicar de sus responsabilidades de gobierno en materia de educación (incluidas las tareas propias de un gobierno como son cumplir y hacer cumplir las leyes). En concreto, en comunidades como la mía, la Comunidad Valenciana, hemos visto cómo mientras tenemos miles de barracones en lugar de aulas decentes, se invertía dinero público en la ridícula propuesta del Sr. Camps que consistía en que un profesor impartía Educación para la Ciudadanía en inglés en presencia de otro profesor que ejercía como traductor. Una escena delirante propia del humor del absurdo de Tip y Col.
Pero lo más grave ha sido que, enarbolando un inexistente derecho a la objeción de conciencia ante esta asignatura, invitaron al absentismo escolar en esta materia, sin reparar en las consecuencias que esto podía tener para los alumnos y alumnas. Estos dirigentes políticos tendrán hoy que explicar muchas cosas a esos ciudadanos a los que convencieron, animaron y acompañaron en la decisión de no llevar a sus hijos/as a clase. En democracia, confundir a los ciudadanos no es precisamente el mejor camino para ganarse su confianza.
El Partido Popular, en su permanente ceremonia de la confusión, ha ido demasiado lejos en este asunto, anteponiendo una vez más sus intereses al interés general. Los profesores/as, las madres y los padres, los alumnos y las alumnas no se merecen una política basada en la práctica del obstruccionismo desde las administraciones públicas cuando hablamos de servicios públicos y de derechos como son la educación. Sencillamente no lo merecen. Sonroja tener que recordar estas cosas pero la práctica política del PP, como nos demuestra hoy esta sentencia, obliga a hacerlo.
Las bromas inaceptables de Berlusconi
Comparto la perplejidad e indignación, que estoy segura que sienten la inmensa mayoría de los italianos e italianas, ante las recientes declaraciones de Silvio Berlusconi en relación a las violaciones que han sufrido varias mujeres en Roma.
Las chanzas y chascarrillos de mal gusto con las que se ha despachado este supuesto “caballero” no son admisibles en una sociedad del siglo XXI y, desde luego, son intolerables cuando el que las pronuncia ejerce el cargo de presidente del Consejo de Ministros de un país europeo con una larga tradición democrática.
Llueve sobre mojado en este caso. Todos recordamos los comentarios, que debieron parecerle muy ingeniosos a su autor y a un restringidísimo grupo de aduladores, sobre lo problemas que se habría buscado Zapatero con su decisión de formar gobiernos paritarios en España.
Hacer bromas con un tema tan grave como la violencia machista (y la violación es un caso extremo de este tipo de violencia y agresión contra las mujeres por el mero hecho de serlo) y desplazar la responsabilidad de los ataques a las víctimas (esa “bellas italianas” a las que el señor Berlusconi parece tener tan poco respeto) es irresponsable, injusto y peligroso.
Respecto al contenido, que entre bromas y veras es lo realmente preocupante del asunto, lo que no parece entender el señor Berlusconi es que la solución a este grave problema no pasa sólo por un incremento de la acción policial (esa receta mágica y universal de la derecha para todas las situaciones y países) sino por medidas más profundas, integrales y compartidas por toda la sociedad. Seguramente el primer paso sea interiorizar como sociedad que el problema nos concierne a todos y todas y no sólo a las mujeres víctimas de las violaciones. A la vista está que, en este caso, es el propio Berlusconi no parece darle esa importancia a un tema sobre el que se permite hacer bromas inaceptables.
La responsabilidad que debemos asumir todos y todas, incluidos/as sus aliados políticos europeos (y desde luego sus aliados del PP en España) es decirle al señor Berlusconi que la cosa no tiene gracia, que no aceptamos chanzas sobre estos temas y que su obligación es estar a la altura de lo que le exigen los ciudadanos europeos e italianos.
¿En qué manos estamos?
Hemos asistido atónitos a numerosos episodios del Partido Popular, desde hace ya más de un año, en los que la falta de liderazgo y entidad de Rajoy han sido evidentes, pero creo que nunca habían llegado tan lejos y perjudicado tanto a los ciudadanos como en los últimos días.
Para todos los que crecimos en Democracia y aprendimos a querer y valorar la política, como instrumento para hacer realidad los sueños de los ciudadanos, está siendo demoledor el espectáculo que ofrecen con sus líos internos, Aguirre y Gallardón. Líos que Rajoy es incapaz de detener, de no ser así ¿a qué está esperando?
Las disputas internas entre Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón han pasado de la irresponsabilidad a la gravedad.
Primero se vieron afectadas las instituciones en las que gobiernan. Luego Caja Madrid, afectando a la estabilidad de la cuarta entidad financiera. Y ahora, asistimos incrédulos a supuestos espionajes entre diferentes representantes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presuntamente pagados con dinero público, más propios de la mafia o el cine de ficción que de la gestión de un Gobierno.
Hay que pedirle nuevamente a Rajoy que, si es capaz y le queda algo de autoridad, ponga orden. A Esperanza Aguirre y Gallardón que cesen en la utilización de las instituciones como rin de combate y que, de forma urgente, ofrezcan a Caja Madrid la estabilidad que necesita. Asimismo, deben investigar lo ocurrido en el Gobierno de la Comunidad y depurar responsabilidades de confirmarse los hechos.
Un partido político en el que ni tan siquiera se fían unos de otros, hasta llegar presuntamente al espionaje, no puede pretender que los ciudadanos confíen y crean en él.
Siempre pierden los ciudadanos con estas actuaciones, que se preguntan: Pero, ¿en qué manos estamos?
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